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LEY ORGANICA
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PROPUESTA DE NUEVA LEY
HISTORIA DEL POLITECNICO
COORDINADORA NACIONAL POLITÉCNICA
HISTORIA DE LEY ORGANICA
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ANÁLISIS MODELO EDUCATIVO Y REFORMA ACADÉMICA
REFORMA ACADÉMICA Y EL MODELO EDUCATIVO

Dentro del Programa Nacional de Educación está contemplado el Plan de Desarrollo Institucional del Politécnico a realizarse en el período 2001-2006, sin embargo el proyecto de Reforma Educativa contenido en estos documentos está planteado para concluirse en el años 2025 a través del Modelo Educativo, que si bien a un no está aprobado por las autoridades y menos por la comunidad, algunas cosas ya han sido implementadas en años anteriores y dentro del nuevo marco legal (Ley Orgánica) que fue enviado a la Presidencia y de ahí al Congreso de La Unión se encuentra el Por qué de quien impulsa a su manera la transformación del IPN para privatizarlo y después desaparecerlo.

El Modelo Educativo para el Politécnico es y contempla lo siguiente:
Objetivo: responder a las necesidades cambiantes del país.

La Reforma académica contempla para sus fines

Revisión de Oferta educativa en los tres niveles de educación que se imparte lo que implica Evaluación del aprendizaje y evaluación de los resultados con fines de oferta-demanda, es decir si deben o no continuar ciertas carreras y ramas del conocimiento.

Nuevo esquema externo

-Creatividad e innovación para depender de las políticas públicas en educación, ciencia y tecnología, esta es la razón para no ser autónomos.
-Eficiencia en impacto del desarrollo regional como en el caso de Plan Puebla Panamá.
-Nuevo tipo de estudiantes virtuales, y/o egresados a través de capacitación permanente..
-Flexibilidad para producir conocimiento. Hacer los cambios necesarios que satisfagan a la empresa.

Nuevo Esquema Interno

Oferta educativa:
Planes y programas educativos y académicos serán modificados según convenga.

Propuesta sujeta a perfeccionarse, solo perfeccionarse.
Analizarse y discutirse en Escuelas, Centros y Unidades. Según.


Ordenamientos Internacionales como de la UNESCO entre otros para las Instituciones de Educación Superior.

-Reducir tamaño
-Ser efectivos en aspectos específicos como desarrollo económico regional
-Educación para la vida y cultura cívica. Vivir para trabajar.
-Incremento de relaciones con el entorno inmediato, solución de problemáticas inmediatas.
-Flexibilizarse en espacios o modelos emergentes de producción de conocimiento y satisfacer demandas de nuevos estudiantes.



Ordenamientos nacionales:

El nuevo IPN deberá:

- Reconocer la presión de la globalización debido a que los Actores de bienes y servicios están bajo competencia mundial, competencia, no competitivdad, o sea que quienes son competentes para decidir el desarrollo de una nación son organismos internacionales.

-Agotamiento de modelo educativo y académico actual.

-Eliminar la escolarización de programas, se enfocará más al sistema abierto y virtual.

-Transformación de estructura organizativa , cambios en toda la legislación, planeación y administración del IPN.

-La generación de recursos propios, ya sea por servicio externo, asesorias, inventos pero también cuotas.

-Carácter integral.

Para lograr esto se propone:

- en NMS desaparición de áreas y desaparición de la decisión de vocación a temprana edad., implica la desaparición de las vocacionales.

-Ampliar becas sin explicar quien las otorgará ni en que términos.

-Fortalecer la investigación, sobre todo la de la iniciativa privada.

-Modificación a la evaluación académica, no se dice en que términos quedará, pero si la desaparición o modificación de exámenes parciales-departamentales.

-Tránsito de estudiantes y académicos entre los 3 niveles, desaparición de grupos fijos, un alumno de nivel medio superior podrá tomar clases de posgrado o licenciatura y viceversa.
Informática. por lo tanto un profesor tendrá que impartir clases en cualquiera de los tres niveles o en los tres
.
-Aptitud académica, se tomará en cuenta el ingreso y permanencia en la escuela a la aptitud sobre la rama del conocimiento, contrario a la Constitución que dice toda persona tendrá derecho a escoger la profesión que desee.
-Programas flexibles, implica la fusión de carreras bajo el esquema de tronco común y solo unos créditos como especialidad distintiva de carrera.

- Investigación de impacto social, la investigación se enfocará a revisar los posibles conflictos sociales debido a los programas gubernamentales, sirviendo así al poder Ejecutivo y no a la nación.

-Fuera los estudiantes que trabajan, es evidente que al exigir tiempo completo en los estudios los estudiantes trabajadores quedan fuera.

-Atención individual y no colectiva

-Capacitación permanente a los empleados de las industrias.

-Plenamente vinculado con el sector productivo y la Iniciativa Privada.

-Rendimiento de cuentas y transparencia de recursos, no se contemplan mecanismos.

-Equipos e instalaciones modernas, sobre todo para el servicio externo

-Campus virtual, se esperan miles de estudiantes a través de la red de internet

ANÁLISIS DE PROPUESTA DE LEY ORGANICA.(HUGO ABOITES)
LA INICIATIVA DE NUEVA LEY ORGANICA PARA EL IPN:
El cambio de institución pública nacional a empresa
internacional prestadora de servicios.
Hugo Aboites
Una empresa prestadora de servicios

El artículo primero de la propuesta resume bien el ánimo fundamental que existe detrás de la iniciativa de nueva ley presentada por las autoridades del IPN. Se busca crear un organismo de naturaleza vaga (“órgano”), que sigue siendo del Estado (sólo para beneficiarse del financiamiento) pero cuya vocación fundamental es la de convertirse en una entidad dedicada a la oferta mercancías y servicios que hoy son estratégicos en la sociedad del conocimiento globalizado: innovaciones tecnológicas y competencias laborales. Es decir, educación y desarrollo científico y tecnológico.

Artículo primero: El Instituto Politécnico Nacional, IPN, es un órgano del Estado, no sectorializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que presta servicio público de educación e investigación científica y tecnológica, asÍ como el desarrollo y transferencia de tecnología. El Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal y puede establecer instalaciones para el cumplimiento de sus fines en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero. (Subrayado del autor).

El uso de la palabra; público; no tiene aquÍ el sentido que tradicionalmente se le da cuando se habla de una institución de educación pública. Es decir, como expresión de la responsabilidad del Estado de proveer de educación e investigación a los habitantes del país y de impulsar el desarrollo de la sociedad mexicana. De hecho, si se relee con cuidado se verá que este artículo primero está redactado en forma tal que el IPN no sólo aparece despojado de esas tareas normales en una institución pública, sino que se la precisión de que es una entidad ("órgano"; o lo que sea), que presta un servicio público.

Al introducir esta precisión se hace inevitablemente una distinción importantísima: lo público es el servicio, no necesariamente la institución. Una empresa de transporte de pasajeros o de carga cae dentro de la categoría de servicio público federal, porque constituye un servicio al público regulado por el Estado, pero eso no implica necesariamente que quien lo presta deba ser también de carácter público. Y esto no es pensar en algo extraño, hay entidades;órganos(o como se les quiera llamar) que puede decirse que son del Estado ya que reciben financiamiento público y sin embargo, tienen un carácter privado. Para no detenernos en las asociaciones civiles (forma actualmente muy socorrida) considérese sólo el caso de aquellas sociedades anónimas (como la empresa Educal, S.A. de C.V.) CHECK que son empresas privadas y sin embargo







aparecen sostenidas por fondos públicos programados expresamente en el presupuesto de la Federación (en la partida de la SEP), junto con universidades y otros organismos públicos. Otro ejemplo es la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales SA de CV, organismo creado por el presidente de la República en 1992 para que la SEP propicie la vinculación del sistema educativo con la industria nacional e internacional (Ver nota 3).

Los críticos de la iniciativa de nueva Ley tienen pues toda la razón cuando la denuncian como privatizadora. Este artículo primero da un paso fundamental en esa dirección (que en ninguna otra parte de la ley se rectifica) al dejar en la ambigüedad cual es el carácter que realmente tendría el IPN una vez aprobada la Ley.

Un problema no de forma, sino de fondo

El problema subsiste, sin embargo, aún si se le añade a ese artículo primero que;el IPN es una institución pública. La concepción empresarial que alienta la reforma se despliega a lo largo y ancho de la propuesta, estableciendo en lugar del IPN una entidad práctica y estructuralmente irreconocible ya como institución pública. Es evidente que las autoridades no definen de manera transparente lo que en realidad es la intencionalidad de la propuesta. Si lo hicieran tendrían que decir que buscan crear una empresa subsidiada por el Estado que presta servicios preponderantemente a empresas, pero también es evidente que ya no se sienten cómodos retomando la definición de una institución educativa del Estado, con sus implicaciones, tal y como está actualmente.

El origen de la propuesta: un largo proceso de redefinición del IPN

Para las autoridades del IPN desechar el actual modelo de institución educativa pública representa una conclusión lógica de la línea de desarrollo que desde tiempo atrás, más allá de las idioscincracias de cada dirección, le han impreso al IPN. Poco a poco las finalidades que este expresamente tiene de contribuir al desarrollo económico del país, se reinterpretando como la misión de contribuir al desarrollo de empresas nacionales y extranjeras. Desde 1974 se crea, por ejemplo, el Plan Escuela Industria.

De tal manera que al llegar la década de los noventa, en que el discurso oficial del gobierno federal retoma con convicción la vinculación escuela-industria como la dirección a imprimir a las instituciones públicas , las autoridades del IPN, a partir de su importante experiencia anterior pueden retomar con vigor la redefinición empresarial de la institución. AsÍ, ya en 1992 se reporta que el cambio en los planes de estudio en la Escuela Superior de Economía se hace para responder a la;la desvinculación entre la ESE y el sector productivo; (El Financiero, 8 enero 1992. Pág.37). También a principios de los noventa, UPIICSA señala que en sus laboratorios e instalaciones;el sector productivo puede disponer de asesoría y servicios tecnológicos de alto nivel a costos realmente bajos; (Folleto UPIICSA, c.1992, pág. 12-13)), y en la lista innumerable delas empresas y sectores que han disfrutado de nuestros servicios; aparecen entre muchos otros,Chrysler, Xerox, Ford, Pemex, Square D, Industriales Automotrices, Federal Mogul, American Refrigeration, Olympia de México... Fester, Crinamex, UNISYS, Carnet, Uniroyal (Ibid.). También en 1992, la empresa japonesa Jetro otorga al IPN la calificación de "organismo educativo viable" (La Jornada,19 mayo 1992. Pág.30).








En 1995 se da la noticia de que, como parte del programa el IPN a tu alcance se ha puesto a disposición de instituciones y empresas públicas y privadas su infraestructura tecnológica, además de los recursos humanos de que dispone, a través del Edificio Central Inteligente de Cómputo. (Reforma, 20 noviembre 1995.Pág.49A). A través de esta instalación el IPN arrienda a Telmex un canal tipo EO de la Red Digital Integrada de fibra óptica(Ibid.). Evidentemente todo este conjunto de servicios representa ingresos especialmente importantes para la institución.

Para 1998 los servicios se han refinado a tal punto que el Cicata (Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada) resulta emblemático del servicio a grandes empresas como, en este caso, Peñoles. El propósito de lo que se ha llamado un hotel para la industria lo explica su director al decir; queremos que el Cicata se asemeje a un hotel de cinco estrellas, donde el huésped de honor es el problema que el empresario nos trae para darle solución, de tal manera que;a diferencia de otros centros de investigación y desarrollo donde el científico dice que es lo que se va a investigar, en el Cicata se realiza lo que demanda el mercado industrial (Investigación y Desarrollo. Suplemento mensual La Jornada, febrero 1998. Pág.11).

De esta manera, en un proceso de progresivo refinamiento, de las asesorías que de manera dispersa proporcionaba cada Unidad se pasó a la creación de centros especializados de asesoría y, en una vuelta todavÍa más avanzada, a la renta de infraestructura y al concepto de asesoría integral a través de centros especializados. El más reciente desarrollo es el Centro de Incubadora de Empresas (CIEBT) cuya idea es precisamente rodear y arropar con cuidado y desde todas las perspectivas a aquellas ideas que pueden transformarse en productos y aquellos productos que pueden convertirse en oportunidades de negocios. Este Concepto -añade el director- ha sobrevivido porque su enfoque es empresarial y no académico, pues este último concepto aislado ha sido causa de muchos esfuerzos frustrados. La idea del centro no es sólo separarse de la idea de una institución académica pública, dedicada a investigar y formar desde una perspectiva autónoma y al servicio de las necesidades de las mayorías, sino la de ser el centro de centros, capaz de integrar a todos los elementos de la Institución, para vincular al sector empresarial con las escuelas, unidades, y centros que componen el IPN.(Investigación y Desarrollo Suplemento mensual La Jornada, septiembre 2001. Pág.4).

De esta manera con el paso de los años, el IPN se convirtió en una importante institución de apoyo y subsidio para grandes empresas mexicanas y extranjeras. Con la utilización durante años de la oferta de servicios a bajo costo del IPN, estas empresas pudieron ahorrarse varias veces el costo que tendría haber creado sus propios laboratorios, infraestructura y centros de investigación. Pero para esto, como es visible, el IPN sufrió en muchas de sus áreas y en la conciencia de sus directivos, una transformación que la aleja cada vez más no sólo de la idea de institución pública, sino de la idea misma de una institución académica. De ahí que ya no le sea tan cómodo el describirse como una institución educativa del Estado y prefiera la de prestadora de servicios como más cercana a la realidad.

Este cambio radical a través de los años y de los hechos, no sólo le permitió al conjunto de directivos y académicos-empresariales establecer relaciones cada vez más importantes con el mundo empresarial y de la administración pública, sino que se ha convertido en una fuente sumamente importante de ingresos. Esto ha fortalecido la tendencia al transformar el IPN y a los grupos que la impulsan, con la creación de nuevos centros, dotación de mejores instalaciones y equipos, recursos abundantes y la oferta de servicios cada vez más modernos y especializados. Al mismo tiempo, paradójicamente, se reduce sustancialmente el acceso de los jóvenes al IPN. Si en 1996 este ofreció 26 mil lugares de primer ingreso a nivel medio superior a través del Examen Único, del 2001 en adelante sólo ofrece 18 mil. Una reducción de más del 30 por ciento.








De ahí que en general resulte válido leer esta propuesta de Ley como una verdadera acta de independencia que plantea la dirigencia del IPN respecto de las obligaciones sociales con los estudiantes y con el desarrollo del país. Independencia también de la obligación de transparencia e interés social en la apropiación y uso de los recursos que se derivan de su carácter de institución educativa pública. Sólo queda en la propuesta y perfectamente claro el compromiso con los potenciales clientes, los empresarios, de convertirse cada vez más en una entidad que ofrece servicios y productos de calidad internacional para resolver los problemas de las empresas. AsÍ, una de las más importantes finalidades de la nueva Institución que surge de la propuesta de cambio legal es vincular con la sociedad y con los sectores productivos las acciones, los servicios y la tecnología que genere el Instituto... es una de las finalidades centrales que se propone (Art. 2o., IV). Paradójicamente, al mismo tiempo la iniciativa demanda que el Estado asuma la obligación financiera de la Federación... de proporcionarle... recursos oportunos y suficientes para llevar a cabo estos nuevos fines de apoyo empresarial.

Como se puede ver en el texto de la propuesta, ni siquiera hay alguna expresión que comprometa vagamente a la institución con el desarrollo del país. Vincular con la sociedad es una expresión amorfa que permite precisamente el desarrollo que ha sufrido el IPN. En el mismo lenguaje de la ANUIES, una y otra vez se la traduce en la práctica como asesoría a empresarios. De hecho, yendo más lejos, la propuesta escoge señalar que el compromiso con el desarrollo del país no le toca a la institución sino a los egresados: deben formarse estudiantes, dice la propuesta de Ley que se comprometan con la sociedad y sirvan a las causas y prioridades del desarrollo del país.(Art. 2,II).

Por otra parte, cuando el texto de la propuesta intenta rescatar alguna preocupación de carácter social, lo hace en la forma ya harto conocida del discurso neoliberal: se señala la preocupación, pero al mismo tiempo implícitamente se propone algo que o no hace absolutamente nada por remediarla o incluso, o la agrava.

Bastan tal vez dos ejemplos: uno es cuando señala la Iniciativa que las acciones de vinculación del IPN (con el sector productivo) deben promover que las mismas propicien el progreso de los grupos sociales menos favorecidos y el avance y bienestar de la sociedad en su conjunto. (Art. 2o.,IV). Con esto lo que implícitamente se está diciendo es que corresponde ahora a Peñoles, Ford, Chrysler, Telmex y empresas semejantes impulsar el progreso de los grupos menos favorecidos, con la ayuda de las aportaciones del IPN. Hay alguna evaluación de cuál ha sido el progreso que han tenido estos grupos en estos últimos diez años, a partir de las acciones del IPN en beneficio de esas empresas?

El otro ejemplo aparece cuando en una redacción confusa se habla de “garantizar los servicios educativos que preste a todos los estudiantes, en particular a los de escasos recursos socioeconómicos con equidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y la normatividad interna del Instituto.(Art.2o.,VII). Se nombra a los de escasos recursos, pero en este artículo ni más ni menos se anuncia que en sustitución del artículo quinto de la actual ley que sin ambages señala que la educación que imparta el Instituto Politécnico Nacional será gratuita, se plantea que habrá una legislación interna para establecer cuotas. De tal manera de que a cambio de la vaga promesa de que habrá equidad y con la reserva que de antemano se establece que los montos de las cuotas dependerán de la disponibilidad de recursos del IPN, lo que en concreto se propone es pasar de un régimen en el que las cuotas o colaboraciones formalmente no deben existir a uno que cobran vida legal.

El fin del acuerdo institucional

La historia de años de redefinición de la función universitaria, sin embargo, ha estado a cargo básicamente de pequeños grupos de académicos y directivos. No ha sido una redefinición en la que hayan participado y con la que estén de acuerdo los grandes conjuntos de estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores de la institución. A sus espaldas y a través de las posibilidades que les dan los laberintos burocráticos han ido dándole cuerpo a su visión de lo que es una institución educativa pública. Pero al hacerlo, al repensar al IPN cada vez más como una empresa al servicio de empresas, también se ha venido distanciando y aislando cada vez más del otro Politécnico, el real. El IPN que expresa la vigente Ley Orgánica (1981), y sobre todo, el que se constituye de manera cotidiana con base en las aspiraciones e intereses concretos de estudiantes, académicos y trabajadores del IPN.

Porque durante años las sucesivas leyes orgánicas, como la actual, sustentaron en el IPN un acuerdo básico entre el Estado, el gobierno federal y las autoridades politécnicas por un lado, y por otro los estudiantes y académicos y trabajadores. Los estudiantes de extracción popular, de bajos ingresos recibirían en el IPN una formación profesional de alto nivel de carácter y orientación públicas, gratuita y con los apoyos necesarios. Por su parte, los trabajadores, profesores e investigadores, además de condiciones justas de trabajo, se les ofrecía volverse partícipes, junto con los estudiantes, del quehacer de una institución clara e inequívocamente orientada al desarrollo del país, traducido como un desarrollo en favor de las clases populares. Algo que se encarnaba en concreto en sus estudiantes y en la investigación, desarrollo científico y tecnológico, y difusión en favor de los procesos económicos, políticos y sociales que beneficiaran a las mayorías y no de manera preferente a grandes empresas. Claramente, no se excluía el apoyo a la industria nacional pero esto formaba parte de un contexto y orientación expresamente vinculados con una perspectiva de desarrollo amplio.

Paulatinamente y en los hechos, ese acuerdo se ha venido rompiendo con sólo ocasionales conflictos. Pero los cambios no habían anulado el mandato legal de la institución y quedaba siempre el recurso y el cobijo de una legalidad nada ambigua, que podía ser reivindicada en cualquier momento por grupos de estudiantes y académicos. Cualquier lucha podía tener asÍ una legitimidad fincada en la evidente legalidad de su protesta. La propuesta de Ley actual viene a romper con el acuerdo institucional hasta ahora existente en la legalidad y eso significa dejar en la ilegalidad a todos los que no han pensado al IPN como fundamentalmente una empresa incubadora de empresas. El golpe es sumamente fuerte para cualquier intento de democratización y reivindicación de la función del IPN como institución educativa pública gratuita y orientada a favor de las mayorías del país. Por eso abre una confrontación y conflicto radical entre los dos IPN. La nueva legalidad, serían las cuotas a los estudiantes, ahora sÍ legalizadas; el espaldarazo formal a la vinculación con las grandes empresas; la reorganización académica basada en criterios de eficiencia y pertinencia empresariales; nuevas condiciones laborales; desaparición de las finalidades sociales y de construcción nacional del Instituto, y definición del IPN como una especie de empresa al servicio de empresas.

De esta manera la confrontación no es sólo entre dos modelos de institución educativa o entre lo tradicional y lo moderno sino fundamentalmente entre un sector minoritario de la institución y un conjunto muy amplio de estudiantes, profesores y trabajadores que vienen directamente perjudicados con el rompimiento del acuerdo y con la imposición de un nuevo encuadre institucional. Derechos educativos y laborales específicos, como la gratuidad, el carácter público y de interés público que debe tener la educación, la determinación bilateral de cualquier cambio laboral, son cuestiones fundamentales que se ven vulneradas con la propuesta actual y, sobre todo, por el amplio panorama de facultades y privilegios que confiere la nueva legalidad a los directivos institucionales. La reivindicación de estos derechos no sólo sería ya fuera de la legalidad institucional, sino que se enfrentaría a una estructura totalmente asfixiante de control burocrático.










AsÍ, por ejemplo, para ir al extremo, se propone en la Iniciativa que (sin mediar criterio alguno para tomar esta determinación) el Rector puede

proceder al cierre o desaparición, en su caso, de las unidades académicas conducentes incluidas las de investigación y postgrado, las unidades académico administrativas y las unidades administrativas, programas instancias internas y externas y demás mecanismo que requiere el Instituto para el cumplimiento de sus finalidades, previo Acuerdo del Consejo General.


El Consejo General, sin embargo, tiene una composición verdaderamente inusitada en la legalidad educativa mexicana. No se sabe de otra Ley Orgánica que expresamente provea una composición tan vertical. En la propuesta de Ley aparece integrado el Consejo sólo por el Rector, el Secretario General, el Abogado General y el Decano General. Los tres últimos son nombrados por el Rector y los últimos dos sólo tienen voz pero no voto. El número de los restantes integrantes y los mecanismos de nombramiento/selección o elección, en su caso, de estudiantiles, profesores, representantes docentes y no docentes y autoridades del Instituto (Art. 13, I) no aparecen en la Ley y serán objeto de las normas de organización y funcionamiento que serán establecidas por el propio Consejo, es decir, por el Rector y los tres funcionarios que lo integran en primera instancia. Es claramente predecible el tipo de Consejo General que resultará de este mecanismo de integración: no habrá posibilidad alguna de que una iniciativa del Rector sea rechazada o que una de procedencia externa al conjunto de las autoridades sea aprobada.

La que propone la nueva Ley no es, sin embargo, una estructura de control institucional a cargo de un solo hombre o de un grupo a secas. Más bien busca garantizar que un grupo que comparte la visión empresarial que debe tener este órgano del Estado se reproduzca en la conducción del Instituto. AsÍ, para ser Rector la propuesta de Ley establece como requisito que este sea egresado del Poli; que haya sido funcionario (contar con experiencia administrativa), y, lo más importante, que comparta los valores y la ética propias de esta visión empresarial del Instituto: estar identificado probadamente con los valores éticos y sociales y con los fines que le son propios al Instituto. Obviamente, se habla de los fines incluidos en la propuesta.

La idea de establecer legalmente un grupo hegemónico se fortalece con la propuesta que también incluye la Iniciativa, en el sentido de crear el Consejo de Ex directores y Ex Rectores (Art.17,II) como un órgano con la misma importancia y el mismo carácter (y, se supone, funciones) que tienen actualmente el Consejo General Consultivo y los Consejos Técnicos Escolares. Allí mismo se da al Rector la facultad de proponer la creación de otros órganos de consulta. Vía, por cierto, adecuada para integrar directamente a empresarios en los órganos legales del IPN y consolidar asÍ, formal y orgánicamente, el nuevo acuerdo del IPN con otras clases sociales.

Al conformarse legalmente esta estructura de poder en el IPN es previsible también un fuerte deterioro en las condiciones laborales en general. El principio de bilateralidad se convierte automáticamente en un obstáculo directo a la expansión y reproducción de estos espacios de ejercicio unilateral del poder. De ahí que la experiencia en otras instituciones muestra que a un cambio legislativo de estas proporciones y orientación se siga más temprano que tarde ajustes importantes en la relación laboral. La supresión de unidades académicas, programas, posgrados, etc. etc. , por poner sólo un ejemplo, es una facultad que claramente vulnera los derechos a la estabilidad en el trabajo y a la determinación bilateral de cualquier cambio con estas y semejantes repercusiones.

Sin embargo, también desaparecen o se tergiversan otros principios importantes de una institución democrática y participativa. El derecho legal de los estudiantes a organizarse está plenamente reconocido en la Ley Orgánica vigente (Art. 34), pero en la iniciativa de Ley desaparecen. Es evidente que los estudiantes seguirán organizándose pero tendrán que hacerlo en el ámbito de la no-legalidad institucional. Esto favorece el crecimiento del porrismo porque el reconocimiento y trato con las distintas organizaciones será entonces aún más discrecional.

También sufre un daño importante el principio de libertad de cátedra y libre examen y discusión de las ideas. Este principio es vital para el ejercicio de la crítica académica, social e institucional y para que a través de ella las instituciones puedan cumplir su papel de visión independiente del Estado y del poder económico. Es, sobre todo, un derecho de los académicos y por extensión de otros miembros de las comunidades universitarias, reconocido como tal de muy diversas maneras, incluso bilateralmente. Lo importante, sin embargo, es que en la misma Constitución aparece claramente (Art.3o, VII) que las instituciones deben actuar con respeto a ese derecho de los académicos. AsÍ lo dice el texto constitucional que realizarán sus fines...respetando la libertad de cátedra e investigación, y de libre examen y discusión de las ideas, que ejercen los académicos. Sin embargo, en la propuesta de nueva Ley del IPN este principio académico aparece como un atributo propio de la institución: para el cumplimiento de sus fines el Instituto cuenta con: libertad académica de cátedra e investigación, y libre examen y manifestación de las ideas (Art.3,I). El cambio es importante porque permite reglamentaciones y disposiciones que limiten ese derecho bajo el argumento de que es el Instituto el que estaría definiendo cómo quiere ejercer ese principio.

Finalmente, es evidente que en la estructura de poder que propone la nueva Ley y que aquÍ sólo se ejemplifica significa abrir al puerta a innumerables cambios institucionales. Las facultades del Rector, la integración del Consejo, el sustento legal a la creación de un grupo hegemónico, el deterioro de la bilateralidad y de los derechos básicos de estudiantes y profesores permiten generar reglamentos, disposiciones, órdenes incluso, que en pocos años transformarán aún más y radicalmente lo que ha sido el IPN.
Es sumamente peligrosa la argumentación que lanzan las autoridades del IPN de que ha concluido ya la discusión al interior de la institución. Porque está poniendo en manos del Ejecutivo y del Congreso la aprobación de un Ley que no sólo tiene muchos aspectos cuestionables, sino que es evidente que no cuenta con el respaldo de la mayor parte de la comunidad politécnica y será fuente de conflictos constantes. Está obligando también a estudiantes, profesores, docentes, no-docentes e investigadores a asumir como interlocutores al Ejecutivo Federal y el Congreso, es decir, propiciando la ampliación de un conflicto que puede y debe resolverse fundamentalmente al interior de la Institución.

En un acto de responsabilidad frente a todas las comunidades de las instituciones de educación superior del país, de llegarle la Iniciativa, el Ejecutivo Federal no debe enviar al Congreso una iniciativa de Ley que tiene tales problemas y que no ha sido suficientemente discutida al interior del IPN. El Congreso de la Unión, de llegarle la Iniciativa, debe también en un acto de responsabilidad semejante, regresar a la comunidad politécnica el proyecto de Ley para que esta lo discuta y rechace o apruebe. Ese es un elemento fundamental con que debe contar el legislador para ejercer su soberanía.
 
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